Los planes sociales de la discordia
LA OTRA ESQUINA
Por Carlos Gallardo Guarniz
Todo funcionaba de las mil maravillas. Paz y amor era lo que fluía como un halo de incienso que se colaba hasta las rendijas del alma de los bienaventurados compañeros que asistían, religiosa y puntualmente, todos los sábados a partir de las 7 de la noche al local del Partido Intransigente (Riobamba 480), local prestado, gentilmente, para las reuniones de carácter correligionario del flamante Partido Aprista Popular en la Argentina (sucursal política del Partido Aprista Peruano). Pero en una dec esas reuniones de fines de semana en armonía no tardó en aparecer, disfrazada de ilusiones vacías y mentiras de patas cortas, la manzana de la discordia con el nombre de Planes Sociales Jefes y Jefas de Hogar, que alteraría los ánimos y cambiaría la simpatía de rostros a flor de piel por adustos ceños fruncidos y cuchicheos que sembraron la discordia entre sus integrantes. Como es sabido, los planes sociales son unos subsidios que entrega el gobierno argentino y que están destinados a las familias indigentes de este país, pero, desde que el presidente Eduardo Duhalde lo implementó allá por el año 2002 ante la crisis económica que padecía el país, vienen siendo duramente cuestionados por la oposición y otros sectores como la Iglesia por la forma poco transparente y, muchas veces, utilizado como clientelismo político para favorecer a ciertos sectores afines al gobierno de turno. Pues bien, vayamos al caso que nos compete en esta oportunidad: los planes sociales en el Partido Aprista Popular Argentino. Resulta que desde hace unos días vienen circulando vía Internet correos electrónicos denunciando públicamente a los directivos del partido que fundara Víctor Oblitas en la Argentina. En ellos se da cuenta que la plana mayor de esta organización política, encabezada por Clemente Eche y José Burgos Zurita, presidente y secretario general respectivamente, vienen sacando ventaja de esta situación usufructuando, conjuntamente con sus familiares más cercanos; esposa e hijos, los famosos planes sociales destinados a las gentes de menos recursos económicos. Mónica Argomedo, integrante del Partido Aprista Popular Argentino, vía e-mail y posteriormente en comunicación telefónica con el que suscribe esta nota, me hizo saber que desde hace 10 meses la directiva de esta agrupación política, al igual que a muchas otras cientos -¿acaso miles de personas?-, le ofrecieron pagar 150 pesos mensuales por asistir a las reuniones que se convocaban los sábados en el búnker de Riobamba 480. Según Argomedo, los planes sociales solo les dieron a las primeras personas que se anotaron, luego de a poco les iban dando a uno que otro y según el visto bueno de la directiva (o sea a los familiares, parientes y amistades). La denunciante continúa diciendo que nunca más le dieron a gente que, como ella, prácticamente le obligaron a registrarse como aprista sin serlo para recibir un plan social. Y va más allá argumentando que la engañaron en su buena fe, ya que –dice- ella al igual que muchos compañeros vienen siendo estafados por la directiva que incluso les prometieron que sin el DNI también podían tramitar un plan social. Sin embargo, en la nota que me escribe Mónica, no sólo destila su enojo porque no ha podido acceder a cobrar los planes sociales, motivo principal que la ha incentivado a denunciar a esta agrupación política destapando la olla de grillos de sus integrantes, sino que hace una suerte de mea culpa al poner de manifiesto que hay gente muy pobre que verdaderamente necesita de ese plan y estos señores se vienen aprovechando de esta situación. Y lo que me llamó poderosamente la atención es que ante mi insistencia por entrevistarla personalmente, me dice que no puede porque ella es una mujer ocupada que trabaja todo el día. ¡Vaya respuesta que me dejó helado!Pero aquí no termina la historia, al enterarme de esta situación accedí al celular del “indigente” José Burgos Zurita, secretario general del Partido Aprista Popular en la Argentina. Burgos, muy suelto de huesos y con un tono ofuscado por el motivo de mi llamado, me confirma que sí, que es cierto que él al igual que el resto de la directiva del Partido Aprista Popular cobran los subsidios Jefes y Jefas de Hogar. Es más, como para que me quede tranquilo, me dice que los funcionarios de la ANSES (Administración Nacional de Seguridad Social, organismo dependiente del Ministerio de Trabajo) antes de entregar los subsidios evalúan meticulosa y concienzudamente la situación económica de las personas que reciben estos planes sociales, por ende, está convencido que los sabuesos de la ANSES han hecho bien su trabajo, y él, a pesar de confesarme que tiene un comercio informal de venta de zapatillas, está avalado, al igual que el resto de sus parientes, para cobrar dichos planes sociales porque, también al igual que el resto de los directivos del Partido Aprista Popular en la Argentina, donde figuran profesionales y comerciantes, son unos pobres diablos que no tienen dónde caerse muertos en la tierra de Borges. Lo que me ha quedado claro de todo esto es que, al igual que los directivos, los integrantes de esta agrupación política, lejos de reunirse por vínculos que tengan que ver con la enseñanza y la doctrina ideológica que fundara el patriarca Víctor Raúl Haya de la Torre –no dudo que los haya, pero me sobran los dedos de una mano para contarlos-, el interés que ha primado en dichas reuniones es aprovecharse de una situación económica en la que se han visto favorecidos, ya que a través del Partido Intransigente al Partido Aprista Popular en Argentina les dan ciertos planes sociales supuestamente para repartirlos entre los más necesitados (¿o acaso para hacer clientelismo político?). Aquí se ha ido por interés, pues tal como se desprende de esta nota, gente con trabajo ya sea formal e informal, igual cobran los subsidios extendiéndose a sus familiares más cercanos. Un plan social para atender a los más pobres sin lugar a dudas es necesario en un país donde los índices de indigencia asustan a las estadísticas. Pero el tema es la forma cómo se canalizan estos planes sociales. Mientras haya sectores políticos afines al gobierno que son beneficiados cobrando planes sociales para luego favorecer a sus adherentes, evidentemente esta situación desvirtúa el objetivo principal de ser paliativo para ayudar a los más necesitados y excluidos del sistema laboral, al margen de si pertenezcan o no a tal o cual facción política. De lo contrario, así de la forma como se viene distribuyendo, lo único que genera es un nido de corrupción donde no faltan aves de rapiña que se aprovechan de esta situación.
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