Nada hay que legitime a la camarilla que habría usurpado la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
El abogado Walter Albán, por ahora decano de Derecho, que tiene una deuda personal con la Iglesia, pues, fue acogido en sus primeras etapas de ejercicio profesional por la Conferencia Episcopal Peruana, en el Departamento Jurídico de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), allá por los años 80s. En recientes declaraciones, habría pretendido justificar su conducta refiriendo que él actúa según el Concilio Vaticano II.
Sin embargo, si te tomas la molestia de repasar los textos conciliares, las referencias que se encuentran sobre las universidades católicas, contradicen sustancialmente la posición del abogado Albán Peralta, antiguo Defensor adjunto del Pueblo.
La tarea de la educación por la Iglesia Católica, se asienta en el siguiente principio: “Todos los cristianos (…) tienen derecho a la educación cristiana. La cual no persigue solamente la madurez de la persona humana (…), sino que busca, sobre todo, que los bautizados se hagan más conscientes cada día del don de la fe (…). Por lo cual este Santo Concilio recuerda a los pastores de almas su gravísima obligación de proveer que todos los fieles disfruten de la educación cristiana y, sobre todos los jóvenes, que son la esperanza de la Iglesia.”
Este principio, conciliar, otorga más fundamento a las reivindicaciones invocadas por nuestro Cardenal Cipriani, que al abogado Albán.
Los documentos conciliares recorren diversas formas de la educación cristiana, entre las que se destaca, como primera, la formación catequética. Por lo que no se llega a entender el motivo por el que el actual rector de la PUCP, Marcial Rubio, ha menospreciado la enseñanza del Catecismo de la Iglesia en la conciencia moral de los alumnos que tiene bajo su responsabilidad académico-administrativa.
Con respecto a las universidades católicas, la Declaración conciliar sobre la Educación Cristiana afirma: “La Iglesia tiene también sumo cuidado (…), sobre todo de las universidades…”, para que “se vea con más exactitud cómo la fe y la razón van armónicamente encaminadas a la verdad, que es una, siguiendo las enseñanzas de los doctores de la Iglesia, sobre todo de Santo Tomás de Aquino. De esta forma, ha de hacerse presente como pública, estable y universal la presencia del pensamiento cristiano en el empeño de promover la cultura superior y que los alumnos de estos institutos se formen hombres prestigiosos por su doctrina, preparados para el desempeño de las funciones más importantes de la sociedad y testigos de la fe en el mundo.”
Por lo tanto, el decano Albán y el rector Rubio, quedan totalmente excéntricos del radio de acción de las universidades católicas, de acuerdo al texto de esta Declaración conciliar, aprobada en 1965 por el Papa Pablo VI. Vigente, con seguridad, antes de que el abogado Albán terminara su colegio.
Publicado en el diario “La Razón”, Lima, jueves 29 de setiembre de 2011.
El abogado Walter Albán, por ahora decano de Derecho, que tiene una deuda personal con la Iglesia, pues, fue acogido en sus primeras etapas de ejercicio profesional por la Conferencia Episcopal Peruana, en el Departamento Jurídico de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), allá por los años 80s. En recientes declaraciones, habría pretendido justificar su conducta refiriendo que él actúa según el Concilio Vaticano II.
Sin embargo, si te tomas la molestia de repasar los textos conciliares, las referencias que se encuentran sobre las universidades católicas, contradicen sustancialmente la posición del abogado Albán Peralta, antiguo Defensor adjunto del Pueblo.
La tarea de la educación por la Iglesia Católica, se asienta en el siguiente principio: “Todos los cristianos (…) tienen derecho a la educación cristiana. La cual no persigue solamente la madurez de la persona humana (…), sino que busca, sobre todo, que los bautizados se hagan más conscientes cada día del don de la fe (…). Por lo cual este Santo Concilio recuerda a los pastores de almas su gravísima obligación de proveer que todos los fieles disfruten de la educación cristiana y, sobre todos los jóvenes, que son la esperanza de la Iglesia.”
Este principio, conciliar, otorga más fundamento a las reivindicaciones invocadas por nuestro Cardenal Cipriani, que al abogado Albán.
Los documentos conciliares recorren diversas formas de la educación cristiana, entre las que se destaca, como primera, la formación catequética. Por lo que no se llega a entender el motivo por el que el actual rector de la PUCP, Marcial Rubio, ha menospreciado la enseñanza del Catecismo de la Iglesia en la conciencia moral de los alumnos que tiene bajo su responsabilidad académico-administrativa.
Con respecto a las universidades católicas, la Declaración conciliar sobre la Educación Cristiana afirma: “La Iglesia tiene también sumo cuidado (…), sobre todo de las universidades…”, para que “se vea con más exactitud cómo la fe y la razón van armónicamente encaminadas a la verdad, que es una, siguiendo las enseñanzas de los doctores de la Iglesia, sobre todo de Santo Tomás de Aquino. De esta forma, ha de hacerse presente como pública, estable y universal la presencia del pensamiento cristiano en el empeño de promover la cultura superior y que los alumnos de estos institutos se formen hombres prestigiosos por su doctrina, preparados para el desempeño de las funciones más importantes de la sociedad y testigos de la fe en el mundo.”
Por lo tanto, el decano Albán y el rector Rubio, quedan totalmente excéntricos del radio de acción de las universidades católicas, de acuerdo al texto de esta Declaración conciliar, aprobada en 1965 por el Papa Pablo VI. Vigente, con seguridad, antes de que el abogado Albán terminara su colegio.
Publicado en el diario “La Razón”, Lima, jueves 29 de setiembre de 2011.
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